El Gobierno ha implementado un importante cambio en la Ley de Propiedad Horizontal, estableciendo que los propietarios deberán contar obligatoriamente con el visto bueno de su comunidad de vecinos para destinar un inmueble al alquiler turístico. Esta medida busca combatir el fenómeno del "sobreturismo" en las grandes ciudades, como Barcelona, y recuperar stock de vivienda residencial para los ciudadanos. El sector inmobiliario observa esta regulación como un punto de inflexión en la gestión de la convivencia y el equilibrio de la oferta habitacional. Se espera que, con esta mayor restricción, se reduzca la rotación constante de visitantes en edificios residenciales, favoreciendo la estabilización de la oferta de alquiler tradicional en zonas altamente tensionadas.