El gobierno catalán ha planteado una nueva ley que busca imponer restricciones al sector privado con el objetivo de movilizar más vivienda de protección oficial (VPO). La propuesta ha generado un intenso debate entre las autoridades y los agentes del sector inmobiliario, quienes advierten sobre la falta de seguridad jurídica que estas medidas podrían provocar en el mercado.

Representantes de promotores y propietarios han expresado su preocupación ante la posibilidad de que estas normativas limiten la inversión y afecten a la gestión de segundas residencias y alquileres. Mientras el ejecutivo insiste en la necesidad de que el sector privado contribuya a solucionar la crisis habitacional, los actores del mercado reclaman fórmulas alternativas que no penalicen la actividad constructora.