La Generalitat de Catalunya se ha visto obligada a anunciar modificaciones en su última ley contra la compra especulativa de vivienda después de que el Consell de Garanties Estatutàries emitiera un dictamen desfavorable este verano. Este tropiezo normativo se suma a una década de políticas pioneras, que incluyen el control de alquileres en 302 municipios tensionados, las cuales, según expertos y patronales, no han logrado reducir los precios ni mejorar el acceso de los jóvenes al mercado residencial. La situación actual se ve agravada por la percepción de que la oferta se ha hundido, llevando a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del alquiler tradicional o a optar por la venta. Mientras las patronales inmobiliarias exigen una mayor agilidad en los trámites urbanísticos y el impulso de la construcción, el Sindicat de Llogateres denuncia la falta de aplicación efectiva de sanciones, en un contexto donde el acceso a una vivienda digna sigue siendo uno de los retos económicos y sociales más críticos en Cataluña.