El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Generalitat de Cataluña, impidiendo que el Govern haga públicos los nombres de más de 3.100 sociedades consideradas grandes tenedoras de vivienda. El Alto Tribunal argumenta que la difusión de esta información podría facilitar la localización de inmuebles y aumentar el riesgo de ocupación ilegal.

Esta sentencia supone un freno a las políticas de transparencia y control que la administración catalana pretendía aplicar sobre los grandes propietarios. La decisión judicial protege la privacidad de estas entidades frente a la intención del Ejecutivo autonómico de señalar a los actores principales del mercado inmobiliario en la región.