El Parlament de Cataluña ha iniciado la tramitación de una medida contundente para prohibir la compra de viviendas destinadas exclusivamente a la inversión en zonas declaradas como tensionadas. Esta iniciativa busca frenar la especulación y aumentar la oferta de pisos disponibles para el alquiler residencial, un sector que ha perdido miles de unidades en los últimos años.

La propuesta ha generado una fuerte controversia, con partidos como Junts y el PP, además de asociaciones de propietarios, anunciando una batalla legal. Los críticos argumentan que la medida podría ser inconstitucional, marcando un punto de inflexión en la intervención del mercado inmobiliario por parte de la Generalitat.